Persiste el intento de fraude a las aseguradoras, pese a las multas y el riesgo de cárcel

En un escenario de crisis económica que ha dejado a millones de usuarios en situaciones verdaderamente precarias, el fraude a las aseguradoras alcanza cifras escandalosas. Los timos frustrados a las aseguradoras han venido creciendo en los últimos ejercicios sin excepción y cada vez son algo más común. Según el informe que cada año realiza ICEA (Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones), en 2011 se constató un incremento del 10,5% al pasar de 118.470 casos en 2010 a los 130.959 del último año. De no haberse frustrado, este titánico volumen de casos habría tenido un coste para el resto de los asegurados de 521,4 millones de euros (+7,5% con respecto a 2010). Sin embargo, la actuación de las aseguradoras en la detección de los mismos permitió abonar solo 157,1 millones (+9,1%), que era la cantidad real a la que se tenía derecho.

Desde Rastreator queremos ofrecer información acerca de un tema que preocupa al ramo asegurador. La cifra de intentos de fraude detectados por las aseguradoras es la pincelada principal de un lienzo real que ha llevado a las compañías de seguros a diseñar modelos de actuación y persecución, y a reforzar las medidas de protección frente a los timadores, que en muchos casos logran burlar la vigilancia. A nivel nacional, las aseguradoras han aumentado en más de un 15% los gastos de investigación encaminados a perseguir el fraude, pasando a destinar en 2011 cerca de 8 millones de euros. La cifra supone que por cada euro invertido en lucha contra el fraude, se consigue evitar pagar 46 euros a los defraudadores, según destaca el informe. El incremento de fraudes resulta especialmente acentuado en el seguro de automóvil: hay que tener en cuenta que prácticamente ocho de cada diez intentos se llevan a cabo en esta categoría de seguros.

A la hora de identificar y neutralizar el fraude, las compañías recurren a investigaciones privadas para la obtención de pruebas, una ardua labor que en ocasiones no termina de dar fruto. Los casos más comunes de fraude tienen que ver con la ocultación de información o suministro de información falsa para favorecer la versión de los hechos, simular un siniestro que realmente no ha ocurrido para cobrar una indemnización o exagerar las consecuencias del siniestro para aumentar la cuantía de la compensación. En muchos casos, el defraudador no es consciente de que las consecuencias pueden ser mucho más graves de lo que cree, incluso penales. Los efectos pueden ser múltiples, desde la rescisión de la póliza de seguro e identificación del asegurado fraudulento dentro de la base de datos de la compañía de seguros hasta la acusación por un delito de estafa, pasando por la pérdida del derecho a la indemnización. La situación más grave de este tipo de hechos es la consideración como delito de estafa tipificado en el Código Penal, pudiendo acarrear fuertes multas o incluso la cárcel.

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