La DGT podría tener que devolver millones de puntos por multas mal notificadas
- Una resolución judicial obliga a Tráfico a devolver los puntos sustraídos a un camionero en Castilla y León
- Las multas ya habían sido anuladas por Hacienda
Una reciente sentencia decretada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 2 de Burgos, ha condenado a la DGT a devolver el carnet y los puntos sustraídos a un camionero. Previamente, el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, le había anulado la parte económica de las multas, puesto que no habían sido notificadas adecuadamente.
La Asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) considera este hecho un “importantísimo precedente judicial” y, sin duda, un “varapalo” para la Dirección General de Tráfico (DGT). En la sentencia, el juez considera un problema de seguridad jurídica “que para dos organismos públicos del Estado unos hechos existieran y a la vez no existieran”.
Las multas de tráfico conllevan pérdidas de puntos
Desde la entrada en vigor de los puntos en el año 2006, la DGT se ha negado constantemente a devolver los puntos sustraídos indebidamente por multas mal tramitadas, anuladas o no notificadas por parte de los servicios económicos de Hacienda.
Actualmente, con la nueva Ley de Tráfico, existen más de 21 supuestos que llevan aplicada la resta de puntos del carnet, además de la consecuente multa. Con la nueva reforma hay varias infracciones que han pasado a restar el máximo de puntos, como es el caso de conducir con el móvil en la mano, adelantar indebidamente a los ciclistas o arrojar a la carretera objetos que puedan causar daños.
Tráfico no reconoce las competencias sancionadoras de los órganos administrativos como Hacienda, por tanto, la pérdida de puntos va unida a la multa económica. En este contexto, AEA ve inviable que Hacienda sea capaz de anular la parte económica de la sanción por un error en la notificación de la multa y, sin embargo, Tráfico mantenga la detracción de los puntos.
Multas mal notificadas
Tal y como indica Mario Arnaldo, presidente de AEA, calculan que una de cada tres multas está mal notificada. Porque se envían a domicilios incorrectos, por problemas con el correo, no se detallan adecuadamente los hechos para conocer la infracción, la calidad de la imagen no permite identificar correctamente la matrícula, etc.
Este caso pionero resuelto a favor del camionero afectado, inició la tramitación en 2018, con una reclamación ante Hacienda y, seguidamente, ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Castilla y León, tras dos sanciones de la DGT de las que el conductor no había recibido una notificación previa.
Hacienda anuló económicamente ambas multas, ya que la notificación se envió a un domicilio erróneo, y se consideró insuficiente la publicación en el Boletín Oficial del Estado. Por su parte, Tráfico mantuvo la sustracción de los puntos y puso en marcha un procedimiento de pérdida de vigencia del carné de conducir. Tras perder el permiso de conducción, el camionero fue despedido.
En este contexto, como indica AEA la única opción viable que tenía el afectado era llevar a Tráfico ante los tribunales. Fuentes oficiales de Tráfico aclaran que la DGT “acata la sentencia”, pero hacen hincapié en que se trata de un solo veredicto.
AEA informa que el pasado mes de diciembre la DGT tuvo que anular más de 1.500.000 expedientes sancionadores por valor de 106 millones de euros. Muchos de estos recursos podrían quedar afectados por la reciente resolución judicial, que obliga a devolver los puntos sustraídos de expedientes erróneamente tramitados o prescritos.
Efectos en el ámbito penal
Ciertamente, es un caso aislado, pero como alegan desde AEA, es un gran precedente jurídico, ya que desmonta el argumento que empleaba desde hace años la DGT para no devolver los puntos de multas mal tramitadas.
La decisión judicial se ha opuesto a la idea conservadora de Tráfico. Por ende, si la DGT no devuelve los puntos de las multas que han sido erróneamente notificadas, se estarían utilizando para perjudicar a los conductores. Probablemente, un daño irreparable para miles de automovilistas al privarles su derecho a conducir por haber agotado su saldo de puntos, o incluso atribuirles delitos de seguridad vial.
Como indica Arnaldo, la administración tendrá que indemnizar por ello a los ciudadanos, a los que somete injustamente a estos recursos para defender sus legítimos derechos.
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