Uno de cada cuatro españoles teme la okupación ilegal

• El 24 % de los ciudadanos cree que hay altas o medias posibilidades de que le okupen la vivienda
• El 77 % considera este fenómeno un problema social

En los últimos años, el protagonismo de la okupación ha aumentado drásticamente. Casos como el de la Atalaya de Vallecas, el EKO de Carabanchel o el del barrio de Bonanova, en Barcelona, han cobrado relevancia entre las más de 75.000 denuncias que se han registrado entre 2018 y 2022, según datos del Ministerio del Interior y del Consejo General del Poder Judicial. Por ello, desde la aseguradora Línea Directa han realizado un estudio para determinar el grado de preocupación de la población en lo que ya es considerado un “problema social”.

La compañía de seguros ha elaborado una encuesta a 1.700 personas de toda la geografía española, englobando a todas las edades. El informe, Los españoles ante la okupación de la vivienda en España. Opinión, preocupaciones y propuestas, dictamina que el 24 % de los españoles cree que hay una posibilidad media o alta de que le okupen su vivienda. Además, el 77 % considera este fenómeno un problema social en España. Únicamente, el 8 % de los encuestados cree que la okupación de viviendas es un fenómeno sin mayor importancia, que suele exagerarse por parte de algunos partidos políticos.

El término “okupación” no existe como tipo penal específico en el ordenamiento jurídico español. Sin embargo, es perseguido como delito de usurpación o allanamiento de morada, según el contexto de cada procedimiento. Según las estadísticas del Ministerio de Interior, en los últimos años las demandas por ocupación ilegal de viviendas se han duplicado. Específicamente, han pasado de las 9.998 denuncias en 2016 a las 17.224 de 2021, que es el nivel más alto desde que se tienen registros. En 2022, se redujo de forma leve respecto al ejercicio previo. Se registraron 16.726 denuncias, un 3,2 % menos. Estos datos implican una media de 46 okupaciones al día. Además, un 31 % de los encuestados conoce de forma directa o indirecta algún caso de okupación.

Preocupación por edades y territorios

Si se desglosa la preocupación en rangos de edad, el grupo de encuestado entre 30 y 44 años es el más agitado, casi el 80 % considera la okupación una cuestión social. En cambio, el grupo menos preocupado por este problema es el comprendido entre 18 y 19 años, un 21 % cree que los políticos exageran. Por su parte, las personas que tienen entre 45 y 64 años, consideran que las penas por okupación son muy leves, y se muestran críticos y pesimistas con el problema. Finalmente, el 79 % de los encuestados entre 65 y 75 años de edad, opina que la okupación se merece penas más altas.

Por Comunidades Autónomas, los ciudadanos de Cataluña (84 %), Andalucía (81 %) y Cantabria (81 %) viven más inquietos por la proliferación de casos de okupación en sus zonas. Mientras tanto, en Navarra, Galicia y Comunidad Valencia, se muestran más relajados ante el contexto.

Las causas de la alarmante realidad

Entre las causas más repetidas que llevan a okupar una vivienda, los sondeos apuntan a la lentitud de la justicia en un 28 % de los casos. Al mismo tiempo, el 25 % considera que la pasividad de los políticos favorece esta cuestión, y un 23 % la achaca a la dificultad para acceder a una vivienda debido al alto precio de los alquileres y las hipotecas. No obstante, pese a la alarma social, solo el 22 % de los españoles afirma conocer bien la regulación sobre la okupación, mientras que la mitad dice tener nociones generales y un 28 % admite no saber nada sobre ella.

Propuestas para acabar con este problema

Los procesos actuales para desalojar una vivienda son largos y costosos. Como mínimo un desahucio por okupación puede tardar 18,1 meses, según datos del Consejo General del Poder Judicial y recopilados por Idealista. En este sentido, el 60 % de los ciudadanos exigen un endurecimiento de las penas y agilizar los desalojos, muy por delante de otras medidas como el facilitar el acceso a la vivienda (45 %) o centrar la acción policial sobre las mafias organizadas (31 %).

Además, el 53 % de los encuestados es partidario de un desalojo de la policía sin intervención del juez. En caso de no demostrar al momento la propiedad o la existencia de un contrato vinculante, el 35 % está a favor del procedimiento judicial, pero con los plazos más reducidos.

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El 76 % de los encuestados estaría dispuesto a contratar un seguro que cubra la okupación de la vivienda. Si tú también quieres prevenir este delito, la mejor opción es contratar un seguro de hogar para primera residencia, segunda residencia o vivienda alquilada, con cobertura antiokupas. Calcula tu seguro de hogar en Rastreator y encuentra el que mejor se adapta a tus circunstacias.

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