Las penalizaciones por permanencia serán proporcionales

16 de junio de 2014

El pasado viernes 13 entró en vigor la nueva Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios que regula, entre otros, las penalizaciones por permanencia, el derecho de desistimiento y la posibilidad de recibir las facturas en papel sin tener que hacer un pago añadido.

Penalizaciones por permanencia en telefonía

El texto, publicado en el BOE del pasado 28 de marzo, indica que en el caso de que un usuario incumpla el compromiso de permanencia adquirido con la empresa “la penalización por baja o cese prematuro de la relación contractual será proporcional al número de días no efectivos del compromiso de permanencia acordado”.

Con esta normativa se pone fin a las penalizaciones fijas que contemplaban algunas compañías telefónicas estableciendo que el cliente sólo tendrá que pagar una sanción proporcional a lo que quede de contrato cuando quiera darse de baja. Además, se suprime la posibilidad de hacer una penalización inversamente proporcional, con la que los usuarios pagaban una penalización mayor cuanto más tiempo llevaban con la compañía.

Facturas electrónicas y en papel sin coste añadido

Por otro lado, esta nueva ley impide la facturación electrónica única por defecto y señala que el usuario podrá recibir la factura en papel si lo solicita y sin estar condicionado al pago de un coste añadido. “En los contratos con consumidores y usuarios, estos tendrán derecho a recibir la factura en papel. En su caso, la expedición de la factura electrónica estará condicionada a que el empresario haya obtenido previamente el consentimiento expreso del consumidor” recalca la nueva normativa.

Derecho de desistimiento en 14 días

Otra de las novedades que introduce la ley es la garantía de renunciar o desistir a un contrato, que se amplia de los 7 días hábiles actuales a un plazo mínimo de 14 días naturales. Además, en el caso de que el usuario no sea correctamente informado antes de la realización del contrato el plazo se amplía a 12 meses.

En cuanto a los contratos telefónicos, la normativa establece que se debe confirmar al consumidor por escrito la oferta y éste sólo quedará vinculado una vez acepte la oferta mediante firma o envío de su acuerdo en papel, por correo electrónico, fax o mensaje de texto. De este modo, si el usuario no da su consentimiento expreso no estará obligado a pagar el servicio.


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