Rechazo general al cobro de peajes en las autovías españolas

16 de octubre de 2013

Tras la propuesta de instaurar peajes en las autovías que hizo el pasado lunes al gobierno la Asociación de Sociedades Españolas Concesionarias de Autopistas, Túneles, Puentes y Vías de Peaje (Aseta) el rechazo no se ha hecho esperar. Mientras María Seguí, directora general de Tráfico, prefiere no pronunciarse, las asociaciones han comenzado a manifestar su malestar ante la propuesta. Una proposición que Aseta defiende alegando que “posibilitaría una relajación de la prima de riesgo y de los costes de financiación”.

El peaje en autovías, según Aseta

José Luis Feito, presidente de Aseta, fue el encargado de exponer en rueda de prensa el pasado lunes las “propuestas del sector para incentivar la inversión sin impactar en el déficit público”. La más polémica fue la petición de implantar un sistema de tarificación en la red actualmente libre de peaje, con el que indicó que “se podrían obtener fondos de manera recurrente que permitirían garantizar la conservación y el mantenimiento de los 12.000 km de autovías que existen en España”. En concreto, basándose en diversos estudios, señaló que según el tipo de tarificación los ingresos anuales oscilarían entre los 1.691 y los 10.002 millones de euros al año.

Esta medida, según la asociación, pondría fin a la situación actual de las carreteras, que se han visto afectadas por los recortes de los presupuestos públicos especialmente en cuanto a la “construcción de nuevas carreteras y a la conservación y mantenimiento de la red existente”.

El peaje visto por los conductores

La organización de defensa de los conductores, Automovilistas Europeos Asociados (AEA), ha hecho pública una nota en la que se muestra “radicalmente contraria” a la propuesta de Aseta. Según indica en el escrito, no es razonable cobrar un peaje a los particulares cuando “sus impuestos ya pagan con creces el mantenimiento de estas infraestructuras”. En concreto, señalan que los automovilistas aportan cada año al presupuesto 25.000 millones de euros vía impuestos en carburantes, matriculación y circulación, entre otros, frente a los 1.800 millones que, según estimaciones de esta entidad precisaría el mantenimiento de la actual red de carreteras. A su juicio, este tipo de infraestructuras son un servicio público esencial “que debe ser financiado con cargo a los presupuestos generales del Estado, y no sólo por razones económicas y sociales, sino por razones de seguridad vial”.

Las consecuencias, indican, no serían positivas “porque este tipo de medidas ha tenido un impacto muy negativo para la economía en zonas donde se han implantado”. En Portugal, por ejemplo, el tráfico en las autovías ha descendido entre un 30 y un 50% desde que a finales de 2012 se estableciera el peaje. Para Mario Arnaldo, presidente de la asociación, este tipo de medidas “no sólo son muy negativas para el desarrollo de las comunicaciones y la seguridad vial sino que además fomentan la insolidaridad entre los territorios. Por eso, esperamos que el gobierno no vaya a caer en la tentación de buscar una nueva vía para financiar las infraestructuras mediante el derecho de Portazgo, utilizado en la Edad Media”.

Empeoraría la exportación

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) también ha mostrado su oposición a la imposición de nuevos peajes. Consideran que “comportaría efectos perjudiciales inmediatos en la competitividad de la economía española”, porque se encarecerían los productos al dificultarse la exportación. Definen la propuesta realizada por Feito como “inadmisible e interesada” porque creen que “no ocasionaría ningún beneficio al conjunto de la economía española.

Además, en el comunicado recuerdan que Ana Pastor, ministra de Fomento, “se ha manifestado en contra de la implantación de nuevos peajes, reconociendo lo inadecuado de esta medida en los momentos actuales y comprometiéndose a no ponerla en marcha”.


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